Queremos hacer de su conocimiento que se nos está coartando el derecho de asociación, el derecho de reunión, la libertad de expresión, la libertad de estar informados y de informar, el derecho a una vida digna, el derecho a comer y el derecho a la salud.
Marco A. Murillo, torturador de PEMEX, denuncia UNTyPP ante Derechos Humanos
Autor: Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros
México, D.F. a 17 de diciembre de 2008
DENUNCIA DE LA UNTYPP ANTE LA CNDH
DR. JOSE LUIS SOBERANES FERNANDEZ
Presidente de La Comisión Nacional
de Derechos Humanos
Periférico No. 3469
Col. San Jerónimo Lídice
Delegación Magdalena Contreras
C.P. 10200, México, D.F.
P R E S E N T E
Queremos hacer de su conocimiento que se nos está coartando el derecho de asociación, el derecho de reunión, la libertad de expresión, la libertad de estar informados y de informar, el derecho a una vida digna, el derecho a comer y el derecho a la salud, como consecuencia de nuestra intención de formar una asociación de profesionistas denominada “Unión Nacional de Técnicos Profesionistas Petroleros” (UNTyPP), la cual constituimos el 18 de marzo del presente y solicitamos su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que admitió la solicitud de registro a trámite y le asignó el número de expediente 10/12935.
Nuestro domicilio para oír y recibir notificaciones es Dr. Lucio numero 103 esquina Dr. Liceaga edificio Orión A-4 despacho 602, Colonia Doctores, Código postal 06720, México, Distrito Federal.
Antecedentes:
El 21 de agosto del presente, fui citado por el Ing. Marco Antonio Murillo Soberanis, Subdirector Corporativo de Recursos Humanos, a presentarme en sus oficinas. Durante esa reunión, el Ing. Murillo me presionó para que retirásemos la solicitud de registro que con fecha 29 de abril del presente, hicimos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y para que, “a la brevedad y de manera verbal”, hiciéramos de su conocimiento tal desistimiento con la amenaza de que pensara en mi futuro y el de mis hijos.
Denuncia:
Al no ceder ante sus presiones y amenazas, el 14 de noviembre, dirigentes y afiliados de la Unión Nacional de Técnicos Profesionistas Petroleros (UNTyPP), fuimos desalojados con lujo de violencia de nuestros Centros de Trabajo (Refinerías, Terminales de Distribución y Reparto, Complejos Petroquímicos, Oficinas Centrales, e instalaciones de Pemex Exploración y Producción), por integrantes de los Servicios Especiales de Seguridad Física de Pemex, un grupo paramilitar que opera en todas las instalaciones de Petróleos Mexicanos, el cual está dirigido por militares en retiro.
Continuando con este tipo de acciones represivas, el 20 de noviembre, se citó a varios de los técnicos y profesionistas afectados, a presentarse temprano por la mañana en las oficinas del Subdirector Corporativo de Recursos Humanos Ing. Marco Antonio Murillo Soberanis para tratar “lo relativo a su reinstalación”. Al menos 5 compañeros permanecieron hasta altas horas de la noche, sin comer, en espera de que se les reintegrara a su trabajo. Sin embargo, en una acción que indigna por lo vil, se les comunicó que para reincorporarlos, era necesario que renunciaran a la UNTyPP mediante dos escritos, elaborados por ellos en términos calumniosos y faltos a la verdad, en el que se establece que renuncian a nuestra organización, porque no representa los intereses de los trabajadores, uno dirigido a la propia Unión y el otro a la. Secretaría del Trabajo.
Los días 27 y 28 de noviembre del presente, PEMEX desarrolló una intensa actividad para obligar a los técnicos y profesionistas afiliados a la UNTYPP que se encuentran activos, a que renuncien a la UNIÓN, con la amenaza de que, de no hacerlo, quedarían fuera de la empresa. Acción que ha continuado en todos los centros de trabajo, hasta el día de hoy. En algunos casos, los compañeros son llamados a entrevistas de este tipo hasta dos veces en un día. La presión sicológica y la sensación de zozobra entre los compañeros en esta situación es patente, afectando incluso su productividad laboral. Las entrevistas son llevadas a cabo por diversos funcionarios de las áreas administrativas correspondientes a los centros de trabajo de los compañeros, con evidente prepotencia, descaro y cinismo y faltando a la verdad.
El objetivo de esta maniobra es muy claro, hacer que renunciemos los integrantes de la UNTyPP sobre todo el Comité Ejecutivo Nacional, para que el sindicato se disuelva, como sucedió en el 2004 con la Organización Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (ONTCIP), la cual lograron disolver unos días antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera su resolución de otorgarle el Registro.
Quien coordina las acciones llevadas a cabo por las áreas administrativas mencionadas, es el ya mencionado Ing. Murillo, funcionario público que además de atentar en contra del derecho de asociación y sindicación establecido en la Constitución Política Mexicana, la Ley Federal del Trabajo y los Convenios 87, 98 y 135 de la Organización Internacional del Trabajo, contraviene la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por México en 1986, que en su artículo 1 establece “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.”
El Ing. Murillo, es el funcionario público que nos amenazó para que nos desistiéramos de la solicitud de registro de la UNTYPP ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin justificación alguna y sin entregarnos el “aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión” como lo establece el art. 47 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), nos desalojó de nuestros centros de trabajo con lujo de violencia y ahora, es el operador de estas formas de presión y tortura emocional a los compañeros en activo, para que renuncien a su derecho a formar un sindicato, sabiendo que muchos se encuentran angustiados por quedarse sin ingresos que les permitan proporcionarles a sus familias los satisfactores necesarios. Sin embargo, sabemos que no actúa solo, el Ing. Rosendo Villarreal Director Corporativo de Administración y el Dr, Jesús Reyes Heroles, Director General de Petróleos Mexicanos, son copartícipes de la flagrante violación a nuestros derechos humanos.
Una de las principales consecuencias del desalojo de que fuimos objeto, es la pérdida del servicio médico a nuestras familias, pues esto ocasionó, entre otras afectaciones, la muerte del Sr. Manuel Valencia Orozco, padre del compañero Felipe Valencia, uno de los desalojados el 14 de noviembre.
Caso Valencia: el Sr. Manuel Valencia, fue operado del Corazón el 17 de octubre de 2008. El 19 de noviembre hubo de llevarlo de urgencia al Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Picacho, de Petróleos Mexicanos, donde se negaron a proporcionarle la atención requerida, argumentando que el trabajador ya no tenía vigencia. Ante la insistencia de un hermano del trabajador y por la situación de gravedad que presentaba el enfermo, personal del Hospital realizaron consultas con sus superiores, lo cual provocó que se perdiera tiempo valiosísimo y aunque finalmente aceptaron ingresarlo, una hora y media después falleció, por no haberle proporcionado la atención médica oportunamente, al no realizarle una transfusión de sangre que le hubiera salvado la vida.
Otro caso, es el de la esposa de uno de los trabajadores desalojados que requiere tratamiento postoperatorio de cáncer, y al suspenderle el servicio médico se pone en riesgo su restablecimiento. Otros familiares padecen diabetes y otros padecimientos que requieren un tratamiento ininterrumpido y la falta del servicio médico y de ingresos por habérseles suspendido el pago, pone en riesgo su vida.
El compañero Oscar del Cueto, Secretario de Relaciones y Difusión, tenía programada una operación en su mano derecha, sin embargo al despedirlo injustificadamente, le fue cancelada su operación.
Por lo anterior, le solicitamos de la manera más atenta, su valiosa intervención para detener esta agresión sin sentido, que daña, física, mental y moralmente a todos los trabajadores desalojados violentamente de nuestros centros de trabajo y a quienes se encuentran laborando, esperando que los llamen, en un estado de tensión que puede generar accidentes en las áreas de proceso, afectando también, de manera significativa el ambiente laboral de toda la empresa y a nuestras familias.
Agradecemos de antemano la atención que se sirva brindar al presente y le comento, que es de nuestro interés tener una conversación con usted, para ampliarle la información y aclarar cualquier duda que tenga sobre este conflicto, por lo que quedamos a sus órdenes en el teléfono y correos indicados al final del texto. Asimismo, le estamos anexando documentos que avalan la denuncia presentada.
POR UNA INDUSTRIA PETROLERA INTEGRADA Y NACIONAL
Ing. Didier Marquina Cárdenas
Secretario General
colectivopetrolero@gmail.com autodeterminacion250907@hotmail.com