En 2007, Alberto Villarreal Berlanga, hijo de Rosendo Villarreal Dávila, administrador general de Pemex, signó con Pemex Refinación tres contratos para operar una franquicia gasolinera en Coahuila, lo que contraviene la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Hijo de Rosendo Villarreal obtiene contratos en Pemex Refinación
Autor: Ana Lilia Pérez
Revista Contralìnea
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2008/12/01/hijo-de-rosendo-villarreal-obtiene-contratos-en-pemex-refinacion/ Sección: Capitales
1 Diciembre 2008
En 2007, Alberto Villarreal Berlanga, hijo de Rosendo Villarreal Dávila, administrador general de Pemex, signó con Pemex Refinación tres contratos para operar una franquicia gasolinera en Coahuila, lo que contraviene la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
El hijo de Rosendo Villarreal Dávila –director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 2005–, mantiene negocios con la subsidiaria Pemex Refinación. Se trata de una franquicia gasolinera que desde 2007 explota comercialmente Alberto Villarreal Berlanga en Coahuila, su estado natal.
Ubicado a unos 17 kilómetros de Saltillo, al sureste de Coahuila, Arteaga es un pequeño municipio cuya orografía forma parte de la Sierra Madre Oriental, conocida en esta parte como Sierra de Arteaga. Su flora y fauna abundante, y bordeada de montañas que en los días de invierno se ven cubiertas de nieve, rompen con la hegemonía desértica del resto del estado. De allí que a Arteaga se le conozca como “la Suiza de México”.
Instalada en este municipio, la estación de servicio E09239 es una de las gasolineras que hay en el estado, sólo que ésta tiene una historia particular. Su propietario es Alberto Villarreal Berlanga, hijo de Rosendo Villarreal Dávila, administrador general de Pemex.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos impide a funcionarios y familiares, hasta en quinto grado, cualquier tipo de negocio con el gobierno federal, y prohíbe a las dependencias, paraestatales y cualquier entidad de gobierno la relación contractual con los funcionarios o sus familiares, en igual grado de descendencia, según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma.
Rosendo Villarreal las conoce al pie de la letra: entre 2000 y 2004 fue contralor general de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Su salto de la SFP a la paraestatal, que estuvo bajo su escrutinio, le significó su primera imputación de conflicto de intereses denunciada por el Legislativo.
El proyecto de los Villarreal, explica una fuente de alto nivel de Pemex que pide el anonimato, “es expandir en los estados del norte un negocio similar al que los Mouriño lograron en el sureste: instalar gasolineras en toda la región y comprar camiones tanque para arrendárselos a Refinación; sobre todo, porque ahora con la reforma energética ya todo el transporte lo harán terceros”.
Actualmente, los hermanos Rosendo, Alberto y Ernesto manejan la empresa Transportes Villarreal Berlanga, SA de CV, domiciliada en la privada Luis Echeverría Álvarez 1990, colonia Jardines del Lago, en Saltillo, Coahuila. La empresa opera tráileres de carga entre México y Estados Unidos, promovida por la asociación Fomento Económico Sureste de Coahuila, y tramita en Pemex contratos de transporte de hidrocarburos.
La misma fuente explica que, incluso, el administrador de Pemex se reunió en distintas ocasiones con Juan Camilo Mouriño para explicarle el plan de negocios de su familia y su intensión de competir en el mercado que controla Salomón Issa Murra, sobrino de Antonio Juan Marcos Issa, exasesor de los entonces directores de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos, además de contratista de Pemex Refinación en contratos de transporte por barco, con su empresa Arrendadora Ocean Mexicana.
Como administrador general de Pemex, Villarreal Dávila validó los negocios de Juan Marcos Issa, cuya empresa actualmente enfrenta una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR), integrada en la averiguación previa 109/UEIDCSPCAJ/2007, iniciada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, promovida por la Auditoría Superior de la Federación por un sobreprecio en la renta de uno de sus buques.
Todo en familia
Juan Agustín López Huesca y su subordinada Verónica Sada Pérez, a la sazón subgerente de ventas de Pemex Refinación en la Región Norte, son personajes clave en este caso que supone tráfico de influencias y conflicto de intereses del administrador de Pemex. Ambos funcionarios están estrechamente vinculados con Villarreal Dávila.
De acuerdo con investigaciones periodísticas publicadas por Contralínea en 2005, el sexenio pasado, cuando desempeñó como abogado de Pemex Petroquímica, Juan Agustín López Huesca estuvo involucrado en el supuesto prevaricato del entonces abogado general de Pemex, José César Nava Vázquez, y exsecretario particular del presidente Felipe Calderón.
El ilícito, detectado por contralores al mando de Villarreal Dávila, implicó un quebranto para Pemex Petroquímica por más de 300 millones de pesos, los cuales habrían tenido como destino el financiamiento del Túnel Subterráneo de Coatzacoalcos, un proyecto del suegro de César Nava, el panista Emilio Baños Urquijo, accionista de la empresa Grupo Básico Mexicano.
Unas semanas antes de ser designado administrador de Pemex en la SFP, Villarreal dio carpetazo al supuesto prevaricato. Una vez que Villarreal Dávila prácticamente le garantizó la inmunidad, en junio de 2004, Juan Bueno Torio designó a López Huesca como gerente de ventas a estaciones de servicio de Pemex Refinación, es decir, encargado de la relación entre la subsidiaria y los operadores de gasolineras de todo el país.
Entre 2005 y 2007, Villarreal Dávila promovió la contratación de mandos medios en áreas clave de la paraestatal en las cinco subsidiarias. Se trataba de panistas sin experiencia en el ramo petrolero, pero activos en el blanquiazul. Uno de estos casos fue el de la neoleonense Verónica Sada Pérez, a quien Villarreal tuvo como tesorera del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila.
Con la llegada del PAN a Los Pinos, Sada Pérez fue electa diputada de Acción Nacional en la LVIII Legislatura (2000-2003), periodo en que Calderón Hinojosa coordinaba la bancada de ese partido, y en el cual Juan Camilo Mouriño encabezaba la Comisión de Energía y signaba contratos con Pemex Refinación para Ivancar (Contralínea 98).
Exsecretaria de Promoción de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y actual consejera nacional de su partido –para el periodo 2007-2010–, en 2005 fue colocada como subgerente regional de ventas de Pemex Refinación, subordinada a López Huesca.
Según se desprende del Contrato de Franquicia para Estación de Servicio identificado con el número NCF-1500, cuya copia posee Contralínea, Verónica Sada fue quien signó a nombre de Refinación el contrato con Alberto Villarreal Berlanga.
La empresa
El 8 diciembre de 2006, Alberto Villarreal Berlanga creó la compañía Servicio Sierra de Arteaga, SA de CV, según la escritura pública 105 expedida por el notario público 26 de Saltillo, Luis N. Dávila Flores. El 25 de enero de 2007 fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Saltillo, bajo el folio mercantil electrónico número 27951*2; al día siguiente se modificaron sus estatutos sociales, según se desprende de la escritura pública 4 otorgada por el notario Dávila Flores, inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 6 de febrero.
El Consejo de Administración de Servicio Sierra de Arteaga lo integran Alberto Villarreal Berlanga, en su calidad de presidente, y Gustavo Alfonso Dávila Salinas, como vicepresidente.
El 15 de marzo de 2007, tres meses después de crear la empresa, Villarreal Berlanga tramitó su incorporación como franquicitario de Pemex Refinación para la estación de servicio E09239; pagó 312 mil 150 pesos. Su vigencia es de 15 años, es decir, hasta el 2022, plazo prorrogable por periodos de cinco años.
La gasolinera de la familia Villarreal se ubica en el kilómetro 8 del bulevar Fundadores, en la colonia El Llano. En extensión de 17 mil 716.68 metros cuadrados se distribuyen seis dispensarios de gasolina. Se trata de la estación más grande de la región. Para la explotación comercial de la franquicia de Pemex, en noviembre de 2007, Villarreal Berlanga signó con la paraestatal tres contratos: un Contrato de Franquicia para Estación de Servicio, un Contrato de Suministro y un Contrato de Crédito. Los tres se formalizaron el 9 de noviembre en Monterrey, Nuevo León.
El contrato identificado con el número NCF-1500 fue formalizado por los funcionarios Verónica Sada Pérez y Guillermo Pérez de León Aguilar, subgerente de Servicios Jurídicos Región Norte, adscrito a la Oficina del Abogado General que encabeza Néstor García Reza. Por la contratista: Alberto Villarreal Berlanga y Gustavo Alfonso Dávila Salinas. Le permite el uso de las marcas, nombres comerciales de Pemex, sus diseños, logotipos e imagen institucional, a través de la operación de la Franquicia Pemex.
Más dádivas
Pemex Refinación otorgó a Servicio Sierra de Arteaga la categoría “tres estrellas”, que significa que recibirá el margen de utilidad más alto que maneja Pemex para sus franquicitarios, según se asienta en el documento. Pero además, los funcionarios le otorgaron un crédito a cuenta corriente sin intereses moratorios ni accesorios de ninguna naturaleza. Ello se asienta en el documento contractual SVRN-608-9239, fechado el 14 de noviembre. Éste indica que el crédito es para financiar a Villarreal Berlanga el precio por la compra de los productos petrolíferos de suministro, además de “el precio de los servicios que le proporcione Pemex Refinación”, el importe de las notas de débito, las facturas por el suministro con plazos de siete a nueve días.
Según el documento, el crédito otorgado a Alberto Villarreal contempla financiar: servicio de lanchas, derecho de piso, almacenaje, flete terrestre, carga y descarga, renta de planta, sistema contraincendio, mantenimiento a instalaciones, programas y equipo de seguridad industrial, calibración de autotanques, posiciones de carga, incorporación de franquicia, adhesión de franquicia, mantenimiento de la franquicia, limpieza de derrames, venta de chatarra y renta de estaciones de servicio.
Contempla también la participación por la autorización de publicidad, mobiliario, equipo de oficina y hasta la sanción del 20 por ciento, que Pemex debe aplicarle al franquicitario que realice un depósito con cheques que no puedan ser cobrados, entre otros rubros, según la normatividad.
Las cláusulas establecen que el personal designado para supervisar el cumplimiento crediticio es “un funcionario” adscrito a la gerencia de ventas regional, es decir, subordinado de Verónica Sada, lo que significa que será un trabajador al mando de la funcionaria que Rosendo Villarreal colocó en el cargo para revisar el cumplimiento crediticio de su hijo Alberto Villarreal.
El documento crediticio lo firmaron Sada Pérez y Pérez de León Aguilar, por Pemex; Villarreal Berlanga y Dávila Salinas, por la empresa; y como testigos José Ovidio Villarreal Flores, de Pemex, y Carlos Díaz Cruz, por Servicio Sierra de Arteaga.
Beneficiario de programas sociales
Además de obtener el contrato de franquicia en la paraestatal que administra su papá, Alberto Villarreal Berlanga ha obtenido otros beneficios de programas sociales del gobierno de Felipe Calderón. El 31 de octubre de 2008 recibió 10 mil 135 litros de diésel, dentro del programa Tiempo Fértil, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Villarreal Berlanga está empadronado con el número 302690098.
Contralínea solicitó una entrevista con el director de Pemex Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis, para conocer por qué se admitió a Alberto Villarreal Berlanga como franquicitario de Pemex pese a los impedimentos legales. Se buscó también a Rosendo Villarreal Dávila y a su hijo Alberto, presidente del Consejo de Administración. Hasta el cierre de esta edición ninguno de ellos accedió responder.
La supuesta impunidad de Villarreal
Ingeniero mecánico administrador, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, su desempeño profesional inició en el Grupo Industrial Saltillo, propiedad de su cuñado Isidro López del Bosque. Luego fue designado alcalde de Saltillo por el PAN –el primero que el albiazul tuvo en la capital coahuilense– predecesor de Mario Eulalio Gutiérrez Talamás.
En este periodo, fue acusado de espionaje político contra funcionarios públicos y adversarios políticos, con sofisticados equipos que adquirió con recursos del ayuntamiento, según reveló el periodista Conrado García Jamín, quien fuera su director de comunicación social.
En los libros Espías al rescate de Saltillo y Un espía en el Senado, García Jamín documentó, además del espionaje del que se valió Villarreal Dávila, el cobro ilegal del impuesto predial y la represión a grupos marginados, que sin notificar al Legislativo local, Villarreal hipotecó el teatro García Carrillo y las instalaciones de la fundidora Zincamex, lo que le valió que en 1996 la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados de Coahuila emitiera la resolución administrativa 005/96.
Pese a que el Legislativo comprobó el ilícito, no se ejerció acción penal alguna. Tres años después, su sobrino Manuel López Villarreal llegó como alcalde y dio carpetazo al tema. Al cabo del tiempo, quedó al descubierto que el expresidente municipal también dejó un faltante de 300 millones de pesos.
Como funcionario de Pemex, Villarreal autorizó los 1 mil 724 millones de pesos que, de forma irregular, la paraestatal trasladó al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ilícito por el cual fueron inhabilitados por 10 años Raúl Muñoz Leos y el exabogado general de la empresa, Juan Carlos Soriano. A Rosendo ni siquiera se le abrió investigación alguna, aún cuando en sus declaraciones en torno a este caso, ante autoridades judiciales de la PGR, Soriano declaró que Villarreal Dávila avaló la operación.
García Jamín documenta que entre 1990 y 1997, “prácticamente todas las propiedades de Rosendo Villarreal estuvieron hipotecadas o embargadas, según se puede comprobar en el Registro Público de la Propiedad (asientos registrales 9211 Libro 30-B I y 3266 Libro 11-A-I; 9338 Libro 32-A-I; 8879 Libro 30-A-II; 2258 Libro 7G-I; 17552 Libro176 Sección II S.C; 2135 Libro 7a-II; 33373 Libro 34 Sección II S.C; 7898 Libro 79 Secc. II; 5784 Libro 58 S.C; 11847 Libro 119 Secc. II S.C.)”; luego, a su llegada a la administración pública federal, para él y su familia todo cambiaría. “Su anhelo”, explica uno de sus colaboradores en Pemex, “es ser como los Mouriño en el sureste: los zares de la gasolina”. (ALP)